La salud no es un gasto administrativo: es un derecho humano. Los colegios profesionales no son gerentes de matrículas, son instituciones de regulación, control y responsabilidad pública.
Las declaraciones del ministro de Salud, Mario Lugones, en el V Congreso Nacional de COSSPRA, el 29 de octubre, merecen una respuesta que trascienda el eslogan. Afirmar que «nadie debería pagar para trabajar» puede resultar atractivo, pero construir desde allí un cuestionamiento general a los colegios profesionales supone desconocer su función jurídica, sanitaria y social.
¿Realmente mejorar el sistema de salud significa eliminar controles, debilitar instituciones y reducir la regulación profesional a un trámite administrativo? La eficiencia no puede medirse únicamente por cuánto dinero se ahorra, sino también por la calidad, la seguridad y los derechos que el Estado garantiza.
«Los colegios profesionales no existen para cobrarle al trabajador; existen para que el ciudadano tenga la garantía de que quien lo atiende está habilitado, responde por sus actos y está sujeto a normas éticas y disciplinarias». La matrícula no es un simple permiso para trabajar. Es una herramienta de control de títulos, incumbencias, ética y ejercicio legal. ¿Quién recibe una denuncia por mala praxis ética? ¿Quién controla el ejercicio irregular? ¿Quién protege a una persona frente a intervenciones realizadas por quienes no están habilitados? La respuesta no puede ser la ausencia de regulación.
En la provincia de Buenos Aires, la Ley 10.306 establece la colegiación obligatoria para el ejercicio de la Psicología. Su artículo 21 asigna a los colegios funciones concretas: gobernar la matrícula, asegurar el correcto ejercicio profesional en resguardo de la población, proteger a los profesionales, velar por las normas éticas y ejercer el poder disciplinario. No somos intermediarios laborales: somos instituciones creadas por ley para garantizar responsabilidad profesional y protección ciudadana.
La Constitución Nacional, en sus artículos 121 y 122, reconoce las competencias y autonomías provinciales. La Nación puede regular el ejercicio en sus propios establecimientos, pero eso no habilita a desconocer las facultades provinciales ni a desarticular sus instituciones.
Además, la salud mental no puede reducirse a una prestación individual ni a una variable económica. La Ley 26.657 reconoce la salud mental como un derecho humano y exige atención integral, científica, ética y respetuosa de la dignidad. La Ley 26.061 obliga a garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes. La Ley 26.485, la Ley 26.743 y los tratados internacionales de derechos humanos establecen obligaciones de protección frente a la violencia, la discriminación y la vulneración de derechos.
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada mediante las leyes 26.378 y 27.044, también forman parte de este entramado de garantías. Los colegios profesionales contribuyen, desde sus competencias, a sostener prácticas responsables y éticamente fundamentadas.
El Código de Ética de FePRA, como marco deontológico de la profesión, complementa estas obligaciones. La ética no es un lujo ni una burocracia: es una responsabilidad frente a quienes confían su salud y su intimidad a un profesional.
Podemos discutir aportes, transparentar recursos, mejorar procedimientos y modernizar trámites. Lo que no podemos aceptar es que, bajo el argumento de reducir costos, se confunda desregulación con progreso y debilitamiento institucional con eficiencia.
Cuando se debilitan los organismos de control, se debilitan también las garantías de la ciudadanía. Y cuando se desfinancian la salud, la educación y las políticas de protección, quienes más necesitan al Estado son quienes primero quedan expuestos.
El interrogante no es cuánto cuesta regular una profesión, sino cuánto le cuesta a una sociedad no tener controles, instituciones ni políticas públicas que protejan sus derechos.
La salud es un derecho, no una mercancía. Y los derechos no se garantizan desmantelando las instituciones que deben protegerlos.
Dra. Karina M. Carreño (MP 5107)
Presidenta del Distrito II, Trenque Lauquen, del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires