DEL DERECHO A LA SALUD A LA INTERNACIÓN TUTELAR
Frente al tratamiento del Dictamen de Comisión que propone modificar la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 (Expte. PE-99/26), desde nuestro Colegio Profesional de Psicologas y Psicologos de la Provincia de Buenos Aires compartimos un análisis sobre las regresiones sustantivas que introduce el proyecto.
Lejos de una mera actualización técnica o procedimental, la reforma proyecta un corrimiento estructural en el sistema de salud mental argentino:
1 Cambio de paradigma conceptual: Se abandona el concepto relacional de “padecimiento mental” para adoptar la nosografía tradicional de “afeccion trastorno mental”. Esto devuelve la primacía al modelo biomédico, patologiza el malestar social y condiciona la tutela de derechos humanos al diagnóstico psiquiátrico individual.
2 Internación involuntaria por sospecha: Se suprime el estándar garantista de “riesgo cierto e inminente” que exigía comprobar un daño seguro, actual y en curso para consagrar el “riesgo grave de daño”. Al incorporar formalmente el criterio situacional, la ley faculta a disponer privaciones de la libertad computando hechos pasados o conjeturas periciales sobre daños futuros, consagrando una detención preventiva sustentada en pronósticos.
3 Menos garantías procesales y decisión médica unilateral: El plazo de notificación se extiende de 10 a 24 horas y se retira el deber expreso del juez de dictar una resolución fundada de autorización. A su vez, se crea una excepción que permite a un único profesional médico resolver en soledad la internación de urgencia por hasta 48 horas (incluso mediante consulta virtual), vulnerando la horizontalidad interdisciplinaria y dejando fuera de la evaluación a la psicología en el momento más crítico.
4 Regreso del modelo monovalente y asimetrías territoriales: Se deroga la cláusula de cierre y sustitución definitiva de los asilos. Bajo la prohibición nominal de la palabra “manicomio”, se rehabilita de pleno derecho la internación en hospitales y clínicas especializadas monovalentes públicas y privadas. Esto desactiva la obligación de abrir salas en hospitales generales y traslada la respuesta comunitaria a la capacidad fiscal de cada jurisdicción, profundizando la marginación de las poblaciones con menor cobertura social.
5 Desmantelamiento comunitario y vaciamiento del control civil: Se eliminan de la ley dispositivos clave de inclusión sociolaboral como cooperativas y empresas sociales. En simultáneo, se exige que las familias firmen de manera obligatoria la salida para que el alta se efectivice, reinstaurando una tutela sustitutiva de la voluntad. Este repliegue se completa domesticando al Órgano de Revisión: se expulsan a los organismos de derechos humanos generales y a los usuarios organizados, despojando al cuerpo de su potestad para apelar fallos judiciales.
6 Retroceso tutelar en infancias y adolescencias: Al flexibilizar el trámite de ingreso y admitir el consentimiento por representación parental o tutelar, se anula la autonomía progresiva de los jóvenes. Esta grieta normativa articula de modo directo con los proyectos de endurecimiento penal juvenil, permitiendo utilizar la internación psiquiátrica por “riesgo situacional” como una medida de seguridad o prisión preventiva encubierta ante la falta de camas específicas.
Frente al avance de iniciativas regresivas, reafirmamos que la salud mental se construye consolidando abordajes comunitarios en el primer nivel de atención, garantizando la efectiva asignación y ejecución de las partidas presupuestarias que fija la ley, jerarquizando los recursos humanos interdisciplinarios y asegurando la plena vigencia de los derechos humanos. Cuidar no es tutelar, precarizar ni encerrar.
Podés descargar el análisis completo en el siguiente enlace:
Para descargar el dictamen CD 85/26:
https://colpsiba.com.ar/wp/wp-content/uploads/2026/11/CD-85-Salud-Mental.pdf