La Argentina alcanzó la cifra de mayor cantidad de suicidios de su historia, 5209 personas decidieron quitarse la vida en el 2025 en nuestro país.
Esta realidad no puede ser soslayada ni minimizada
El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires expresa su profunda preocupación frente a la problemática del suicidio y la conducta suicida, que constituye una emergencia de salud pública y un problema social que exige políticas sostenidas de prevención, asistencia y posvención.
Los datos disponibles muestran la magnitud del problema. Desde abril de 2023, los intentos de suicidio son un evento de notificación obligatoria en Argentina. Hasta octubre de 2025 se habían registrado 22.249 eventos, de los cuales el 95% correspondió a intentos sin resultado mortal. Las tasas más elevadas se concentran en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años.
Actualmente, el suicidio no puede comprenderse como un hecho aislado ni reducirse exclusivamente a una patología individual. La evidencia contemporánea lo entiende como un fenómeno complejo y multifactorial, que puede expresarse a través de un continuo de conductas suicidas y que requiere prevención, detección temprana, asistencia y seguimiento sostenido.
En Argentina la sociedad ha ido perdiendo las redes que sostienen la vida. Esas redes son los vínculos, la comunidad, la posibilidad de pedir ayuda y, también, un Estado presente que garantice el derecho a la salud mental
El reciente trabajo publicado en Vertex, Revista Argentina de Psiquiatría, advierte que, aunque la incorporación de la conducta suicida al sistema de vigilancia constituye un avance histórico, persisten subregistros, barreras operativas y dificultades para transformar la información epidemiológica en políticas públicas eficaces.
Frente a esta realidad, resulta inadmisible que las políticas nacionales de salud mental sean debilitadas por la falta de financiamiento. La prevención requiere equipos interdisciplinarios, profesionales suficientes, dispositivos territoriales y comunitarios, capacitación, seguimiento y redes de atención accesibles. No alcanza con registrar las muertes: hay que intervenir antes.
Desde COLPSIBA reclamamos al Estado Nacional el sostenimiento y fortalecimiento de las políticas públicas de salud mental y de prevención del suicidio, con recursos acordes a la magnitud de la problemática.
Prevenir el suicidio no es un gasto: es una responsabilidad del Estado y un compromiso de toda la sociedad.
La formulación evita afirmar que las 22.249 notificaciones representan necesariamente un aumento interanual, porque el propio sistema de vigilancia reconoce que el crecimiento de las notificaciones también responde a la incorporación progresiva de jurisdicciones y establecimientos.
Pablo Della Savia (MP 43348)
Presidente
Consejo Superior
Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires