A un año de la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, miles de personas continúan esperando que los derechos reconocidos por la ley se traduzcan en respuestas concretas.

Más de 227.000 solicitudes de pensiones por discapacidad siguen sin resolución y las pensiones han perdido poder adquisitivo frente a la inflación.

Los prestadores continúan enfrentando un profundo atraso arancelario y demoras en los pagos, poniendo en riesgo la continuidad de servicios esenciales.

A pesar de la vigencia de la ley, aún quedan pendientes medidas fundamentales para garantizar el acceso a las pensiones, actualizar los aranceles y asegurar la sostenibilidad del sistema de prestaciones.

Desde la Comisión Provincial de Discapacidad de ColPsiBA  reiteramos la necesidad de implementar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad para que los derechos reconocidos dejen de ser una promesa y se conviertan en una realidad para todas las personas con discapacidad y sus familias.

Sin derechos no hay salud mental.