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Las autoridades del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires informaron la realización de una campaña de sensibilización a diputados y senadores del Poder Legislativo bonaerense respecto del proyecto de Ley de Defensa de los Honorarios, aprobado el 20 de agosto pasado por el Consejo Superior y cuyo objetivo es brindar a los psicólogos una escala de honorarios mínimos para las prácticas profesionales efectuadas en el marco de cualquier relación contractual establecida con el sector privado, en el ámbito bonaerense.

Desde el Colegio fundamentaron la iniciativa en la persistente demanda de los matriculados de poner coto a la arbitraria y unilateral fijación del valor de las prestaciones psicológicas por parte de entidades privadas cuyo único objetivo es el lucro. En este sentido, explicaron que desde diciembre pasado se fijó como prioridad resolver esta problemática y que el resultado final debería ser la aprobación del proyecto de Ley de Defensa de los Honorarios en la Legislatura y su posterior promulgación del Poder Ejecutivo bonaerense.

Sobre el contenido específico del proyecto Ley explicaron que el mismo establece el Valor de Unidad Psicológica (VUP) como representación porcentual de la remuneración total de un Jefe de Servicio, en un régimen de 48 horas, según la ley 10.471 de Carrera Hospitalaria. Y que la aplicación de la cantidad de VUP por práctica se establece en una escala que contempla: consulta psicológica, atención a pacientes internados, entrevista, psicoterapia, orientación y rehabilitación psicológica, técnicas psicodiagnósticas; devolución y psicoprofilaxis; como así también las prestaciones en las áreas educacional, laboral, jurídica e institucional. Además aclararon que el hecho de fijar honorarios mínimos no constituye una limitación para superar ese piso sino que, por el contrario, habilita negociaciones en mejores condiciones que las actuales.

En tanto reivindicaron la pertinencia de la iniciativa en el marco del principio central de la Ley 10.306 de colegiatura de defender y jerarquizar la práctica psicológica, informaron que la misma fue el resultado final de un extenso tratamiento. El estudio de la propuesta inicial fue aprobado el 12 de diciembre pasado por el Consejo Superior, frente a la totalidad de los presidentes de los Colegios de Distrito, y continuó en las reuniones mensuales que esa instancia realizó entre de febrero y agosto de 2016. Asimismo resaltaron que se convocó a los Colegios de Distrito a debatir el proyecto, emitir opinión y realizar las ampliaciones o las modificaciones que considerasen necesarias al texto original.

Por otra parte, las autoridades indicaron que la propuesta se encuentra emparentada con otros instrumentos normativos aplicados por agremiaciones profesionales de la provincia de Buenos Aires como las de los médicos y los abogados. Y aclararon que si bien algunos de ellos fueron implementados en otros contextos históricos, su fundamento tiene plena vigencia en la actualidad dado el notable crecimiento y extensión de las empresas oferentes de servicios profesionales.

En este sentido afirmaron que si el Colegio de Psicólogos no impulsa las regulaciones necesarias que protejan el trabajo profesional de sus matriculados, se opera, como en la actualidad, otra regulación que se disfraza de “libertad” y esconde la pelea descarnada por la rentabilidad empresaria disociada del objetivo ético de la promoción de la salud mental de la población.

Finalmente desde el Colegio de Psicólogos sostuvieron que la salud mental es un derecho humano esencial garantizado por la Constitución Nacional, los pactos internacionales suscriptos por la República Argentina y la Ley Nacional de Salud Mental. Y que este entramado jurídico – conceptual ha sido ratificado en la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires. Consecuentemente, reivindicaron que las prácticas psicológicas no pueden, ni deben, quedar presas de lógicas mercantilistas que desvalorizan el saber, la formación y el compromiso de los psicólogos bonaerenses.