Desde la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, decidimos revisar el DNU 2023 / 70 dictaminado por el presidente Milei y su equipo de ministros, el pasado miércoles 20 de Diciembre, con una óptica de Salud Mental, Género y Diversidades.

Numerosos profesionales de la salud pública y sanitaristas, han dado cuenta de la afección que este decreto produce sobre la atención de la salud de las personas, y es notable el cambio en términos económicos que se introduce, por ejemplo, en medicamentos. Sin embargo, nos preguntamos, de aprobarse y entrar en vigencia ¿cómo afectaría a la salud mental de la población? Y particularmente si afecta diferenciadamente a la salud mental de mujeres y diversidades.

Notamos con preocupación que las medidas allí dispuestas afectan significativamente sobre la salud mental de todas y todos, por las consecuencias en las esferas laboral, económica y de la vida cotidiana de las personas. Por lo antedicho, y por su avasallamiento contra los derechos de las personas, la vida en comunidad y la democracia, expresamos nuestro rechazo inexorable hacia este DNU.

La perspectiva de género nos interpela a observar la realidad contemplando las intersecciones de vulnerabilidades (en torno al género, la orientación sexual, la identidad de género, la etnia, la clase social o condición socio-económica, la edad, etc.) que pueden presentarse y conjugarse, produciendo un perjuicio mayor en determinadas poblaciones, que el que tendrían si se presentaran de manera independiente. Entendemos que, en este decreto, las mujeres y diversidades se ven afectadas interseccionalmente por la mayoría de los artículos. Así, la eliminación de las multas por contratación “en negro” y la eliminación de la doble indemnización en esos casos, afecta diferenciadamente a mujeres e identidades feminizadas, quienes son contratadas en su mayoría bajo esta modalidad, para tareas de cuidado o domésticas en gran parte de los casos. La derogación de la “Ley de tierras” también lo hace, considerando que globalmente la mayor parte de las tierras se concentran entre los hombres de mayor poder adquisitivo y, en este caso, aumentaría las inequidades de género en torno a la propiedad. La mifepristona, droga indicada para un aborto seguro en niñas y adolescentes que están embarazadas producto de violencia sexual y mujeres con cesáreas previas, es de producción local. Este decreto deroga la ley que permite su producción. Lo cual aumenta sus costos y afecta significativamente sus posibilidades de acceder a una interrupción del embarazo segura de niñas, adolescentes y mujeres.

Además, vislumbramos con consternación que los artículos n° 78 y n° 82, afectan directamente los derechos conquistados por las mujeres y diversidades, por lo que entendemos que ameritan una alusión específica y pormenorizada. Ambos artículos modifican la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, ley de contratos de trabajo. El artículo n° 78, hace alusión a las licencias por embarazo y parto, corrigiendo los plazos de la misma, la notificación del mismo, la reserva de su puesto de trabajo y anulando la doble indemnización por condición de embarazo. Esta norma afirmaba al respecto “se presume, en tales casos, que el despido obedece al estado de embarazo de la trabajadora, sin admitirse prueba en contrario”. Las modificaciones a este artículo no sólo no contemplan la condición de vulnerabilidad de la persona trabajadora que cursa una gesta, sino que, la deja desamparada en caso de que su empleador se entere por otros medios (antes de su comunicación formal) de su condición de embarazo y la despida. Atentando contra la intimidad de las personas, la libertad de comunicar el embarazo cuando lo desee (cuando sea viable, por ejemplo), y la salud mental consecuentemente.

El artículo n° 82 en su caso, impone un “agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio” originado por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial. Este artículo que a simple vista podría considerarse “positivo”, tiene un revés para las mujeres y diversidades y es que aclara que el agravamiento corresponderá: “en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido”. Lo cual, implica una judicialización de la situación de discriminación vivenciada, la revictimización de la persona en la mayor parte de los casos y la necesidad de una “sentencia judicial”, a sabiendas de que en la mayoría de los casos de violencias por motivos de género, tal sentencia no se produce nunca o no incorpora la perspectiva de género en ella. La judicialización de la vida, la revictimización y la ruta crítica a la que son expuestas mujeres y diversidades que atraviesan violencia laboral por motivos de género producen significativos padecimientos mentales en las personas que se ven forzadas a vivenciarlas. Por lo que, este artículo, también produciría un perjuicio en la salud mental y en el acceso a la justicia de las personas afectadas.
Es por todo lo antes expuesto que consideramos que el DNU 70/2023 no contempla la perspectiva de género y diversidades, perjudicando significativamente la salud mental de las mujeres y personas del colectivo LGBTQ+, motivo por el cual expresamos nuestro rechazo.