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El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (COLPSIBA) manifiesta su más enérgico repudio a la Resolución 1003/2016 dictada por el Ministerio de Salud de la Nación que deroga de facto la Ley de Salud Mental, 26.657 y restablece un modelo manicomial, de probada ineficacia a lo largo del siglo XX, cuyos dudosos efectos curativos se contraponen con la condena a la exclusión, a la estigmatización y a la pérdida de derechos de las personas con padecimientos psíquicos.
En contra de la “prohibición” expresa “de creación nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones monovalentes públicos o privados” establecido en el artículo 27 de la Ley 26.657, la nueva normativa derogó la Resolución 1484/2015 que dictaba especificaciones para la adecuación de estas instituciones. Más aún el Director Nacional del área, Andrew Santiago Blake, tenaz opositor a la Ley Nacional de Salud Mental, quedó facultado para constituir una comisión ad hoc “para la Elaboración de Normas de Habilitación de Establecimientos de Salud Mental y Adicciones”.
La medida tomada por el gobierno nacional presidido por Mauricio Macri ilumina sobre la política llevada adelante por el Director Provincial del área, Licenciado Adrián Trezza; el desconocimiento explícito de la Ley de Salud Mental contenido en la Resolución 1003, tiene su correlato bonaerense en la falta de inversión en infraestructura y recursos profesionales. Lejos del error, la improvisación o la falta de información con el que se suelen excusar las actuales autoridades gubernamentales, el Colegio afirma que este conjunto de acciones definen con nitidez la voluntad de obstaculizar la implementación de la Ley 26.657.
En este sentido es nuestro deber advertir que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial llevan adelante una estrategia deshonesta que busca avanzar sobre los derechos de pacientes, familiares y trabajadores de la salud mental en base a sostener un discurso que no cuestiona la Ley de Salud Mental pero, al mismo tiempo, toma medidas que, como la resolución 1003, retrotraen las prácticas de salud mental al modelo médico hegemónico vigente durante el siglo pasado. De este modo se traiciona la confianza pública en las instituciones y se lesiona la legalidad vigente, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por la República Argentina y las garantías establecidas en la propia Constitución Nacional para todos los ciudadanos.
Finalmente convocamos a las psicólogas y los psicólogos de la provincia de Buenos Aires a que, junto a profesionales y trabajadores de la salud, pacientes, familiares, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos en general, defendamos la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657, votada por el Congreso de la Nación con amplísimo consenso político, científico – técnico y social: única base normativa, legal y legítima para el desarrollo de las políticas públicas en el área de la Salud Mental.